El reciente Decreto Ley 1/2025, de 28 de enero, introduce un giro decisivo en el control del precio del alquiler en zonas tensionadas. Ante el incremento constatado en el tercer trimestre de 2024, la Generalitat ha decidido endurecer su postura con un régimen sancionador sin precedentes.
Multas que pueden alcanzar los 900.000 euros, inhabilitaciones para alquilar e importantes cambios en los requisitos publicitarios y contractuales marcan un antes y un después en la regulación del mercado de arrendamientos.
¿Cómo afecta esto a propietarios, inquilinos y Administradores de Fincas?
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